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Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron afectados 9 suboficiales retirados y un ex soldado profesional que defraudaron al Ejército Nacional con la falsificación de conceptos y fichas técnicas para obtener pensiones e indemnizaciones con supuestas incapacidades físicas o mentales.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ruber Alonso Quiroz Higuita, sargento activo del Ejército Nacional; Valdemar Javier Criado Tarazona, mayor retirado; y la particular Claudia Patricia Sánchez Urueña.

En su momento estas personas, y las otras mencionadas, habían sido arrestadas  en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caldas y Putumayo, por miembros de la Dijín de la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, en el año 2013 un mayor retirado del Ejército habría constituido una empresa denominada ‘V. C. T asesorías jurídicas militares’ para adelantar trámites de pensión e  indemnización a miembros de las fuerzas armadas.

Se estableció que la mencionada empresa falsificaba conceptos de médicos especialistas para presentarlos a las juntas médicas laborales castrenses y obtener millonarias sumas de dinero para los demandantes, quienes salían pensionados en la
mayoría de los casos por aparentes casos de invalidez.

Las irregularidades fueron dadas a conocer luego de una auditoría interna realizada por el Comando General del Ejército, en la que se determinó que la mencionada estructura criminal tramitaba 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados médicos espurios, y cuya defraudación podría  ascender a los 2.000 millones de pesos. La investigación interinstitucional permitió conocer además que en algunos casos los presuntos delincuentes suplantaban la identidad de los solicitantes y llevaban a evaluación de las juntas médicas a personas con similares características morfológicas de las personas que tramitaban el retiro forzoso.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración  pública por delitos como  concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público,  estafa agravada, cohecho propio y uso de documento público falso.

La Fiscalía apeló las medidas no privativas de la libertad  ante los Jueces Penales del Circuito. Entre los años 2015 y 2016, el ente acusador obtuvo medida de aseguramiento contra otras 34 personas capturadas en Antioquia y otros departamentos, supuestamente dedicadas a la misma actividad delictiva.

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