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El departamento de Nariño vive momentos críticos con la intensificación del conflicto armado, los desplazamientos forzados y las muertes selectivas de líderes, que nos muestran la peor cara de una realidad que tiende a empeorarse, mientras no se observan medidas que puedan funcionar para devolverle la paz a la región.

A raíz del vil asesinato del líder de la comunidad indígena Awá, Holmer Alberto Niscué, el miércoles anterior, las autoridades departamentales se reunieron en consejo de seguridad y analizaron los hechos de violencia que golpean a municipios, no solo el caso de Tumaco, en donde la muerte es una constante y la emergencia humanitaria que no cesa en Roberto Payán y Olaya Herrera con las más de 500 familias desplazadas, sino de otras localidades como Policarpa y Samaniego, en donde los grupos armados ilegales imponen el terror.

Según lo expuesto por el secretario de Gobierno Edgar Insandará la medida que se tomó es incrementar el pie de fuerza del Ejército, pero no dijo dónde, ni cuántos, y sobre la seguridad para los líderes aseguró que son 20 los asesinados en el departamento en lo corrido del año, que difiere con una cifra que entregó hace poco la Defensoría del Pueblo de 30.

Los indígenas Awá aseguran que los 20 muertos corresponden a su comunidad en este 2018, pero independientemente de las cifras que son lamentables porque nos ponen entre los cuatro departamentos con más asesinatos de dirigentes. En lo que aquí concierne es que esas medidas no sirven para nada, lo mismo que los consejos de seguridad, que se han convertido en la repetición de la repetidera.

Todos sabemos que incrementar el pie de fuerza por sí solo ha sido la fórmula equivocada y allí está de ejemplo el puerto nariñense que lo llenamos de organismos de seguridad. Únicamente la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules tiene 13 mil hombres armados hasta los dientes y una tecnología impresionante, pero allí seguimos en las mismas y peor con un Tumaco convertido en la zona más violenta y con más grupos ilegales del país.

También sabemos que estas zonas plagadas de cultivos ilícitos necesitan inversión social y presencia de la institucionalidad del Estado, no para llevarles más guerra, sino las posibilidades de mejorar sus condiciones paupérrimas de vida, puesto que esas regiones son las más abandonadas.

Lo que pasa en Samaniego es grave, porque se han hecho efectivos esos panfletos de la denominada limpieza social con la muerte de jóvenes, algunos recién graduados de bachillerato y otros que están estudiando. La semana pasada se produjeron 4 homicidios y en lo que va de 2018 los homicidios se acercan a 30, y de la misma forma Policarpa, en donde la cifra es superior a 20.

A medidas superfluas soluciones mediocres, y si a esto le agregamos el hecho de que se vienen situaciones complicadas con los productores de cultivos de coca, marihuana y amapola cuando se reactiven las fumigaciones con químicos como se anuncia y el hecho de que no se les cumplió todo lo garantizado por el anterior gobierno, pese a que el plan de sustitución y erradicación voluntaria y manual hace parte del acuerdo firmado con las Farc en La Habana, Cuba.

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