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Es una vergüenza nacional toda esa red de corrupción que se teje en torno al Plan de Alimentación Escolar, PAE, que ya no nos asombra a los colombianos cuando se destapan esas ‘ollas podridas’ pese a las triquiñuelas que se inventan para robar, pero que nos muestra  la inoperancia y complicidad del Estado, y la voracidad con la que se apropian de los recursos públicos.

Desde Nariño, en donde son constantes las irregularidades que se revelan, hasta la Guajira y desde una vereda hasta las grandes ciudades, este programa está corrompido hasta la médula, lo cual exige acabar con ese tipo de contratación que deja vacía el estómago de los niños y adolescentes de familias de escasos recursos económicos, mientras empresarios inescrupulosos se llenan los bolsillos a costa del sufrimiento.

No hay derecho que las instituciones gubernamentales permitan que suceda esto, y no se tomen medidas efectivas para acabar con esas mañas y esas empresas corruptas que son las mismas en todos los departamentos y que sólo cambian de nombre para seguir con las multimillonarias contrataciones.

La semana anterior no salíamos de la indignación con el caso revelado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en Bucaramanga, en donde los tamales para los niños se facturaron en 30 millones de pesos y cuyo distribuidor resultó ser una empresa de grúas. Días atrás la Contraloría puso al descubierto otros casos de contratos en Cartagena. Las pechugas de pollo eran facturadas a 40.000 pesos cada una.

Nuevos hechos de corrupción por el manejo del Plan de Alimentación Escolar en Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima, se estimaron  en 19.168 millones de pesos. Además de esos tamales millonarios y pechugas ‘enchapadas en oro’, se descubrió la compra de 2.800 kilos de canela por más de $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas.

En los últimos meses en Pasto y el resto de municipios de Nariño no se han conocido hechos graves que comprometan al PAE, sin embargo esto no quiere decir que no se estén registrando situaciones anómalas, tal vez porque tenemos unas contralorías flojas que no investigan o que se quedan mudas frente a las denuncias de las comunidades.

Recordemos que a principios de año la Administración del municipio de Pasto declaró desierta la licitación porque los proponentes no cumplían a cabalidad con las exigencias y con el objetivo de garantizar los derechos de los más de 50 mil estudiantes de las instituciones públicas se declaró la urgencia manifiesta por 50 días. Esto permitió que no se afectara la alimentación de los niños y adolescentes.

En este año se han recibido denuncias de anomalías sobre el PAE en Tumaco y otros municipios de la costa y piedemonte que no han tenido resonancia entre las autoridades, porque nos acostumbramos que para llamar la atención se necesitan casos estrambóticos como el de los tamales y las pechugas o el de los niños que les servían sus raciones en la mano o en hojas de plátano.

Si el Ministerio de Educación debe pellizcarse y reaccionar porque se le está causando un daño inmenso a nuestros niños, quitándoles prácticamente el pan de la boca, mientras el Gobierno se muestra de espaldas al insaciable robo descarado de los recursos que como sabemos salen del bolsillo de cada uno de los colombianos, y van a parar a las cuentas gordas de esos corruptos, auspiciados por altos funcionarios en los municipios, departamentos y la nación.

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